Comunidad Diaguita Chuschagasta
En 2009, el miembro del pueblo diaguita Javier Chocobar fue asesinado a tiros cuando se encontraba junto con otros comuneros defendiendo pacíficamente su territorio contra un terrateniente que aducía ser dueño del lugar. Aunque se presentaron cargos contra tres personas por su muerte, el juicio no tiene aún fecha de comienzo.
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Descripción del caso

Los primero días de octubre de 2009, el terrateniente Amín había intentado ingresar a la cantera de piedra laja que está en el territorio diaguita. La comunidad estaba alerta y hacía guardias para prohibirle la entrada. El 12 de octubre llegó a las 18.30 y lo acompañaban dos hombres, a los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Se dirigieron directo a la cantera y preguntaron por el líder de la comunidad (el "cacique"), afirmando que eran los propietarios de las tierras y amenazando a los presentes (20 de los 300 miembros de Los Chuschagasta) a abandonar las tierras. 
Cuando los miembros de la comunidad se acercaron a pedir a los tres hombres que se fueran, éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. “No fue enfrentamiento, como dijeron algunos medios. Vinieron a matar”, afirmó Néstor Chocobar (hermano de Javier). 
La comunidad señaló al empresario Darío Amín (que pretende explotar una cantera), como responsable de haber apretado el gatillo (varios testigos los señalan como el autor de los disparos). 
“Papá, abuelo, nunca te olvidaremos. Te recordaremos para siempre en nuestro corazón”. 
Es un escrito con pintura blanca en la pared de lajas de la comunidad. A dos metros, en el lugar preciso donde cayó Chocobar, una ermita (pequeña capilla, de un metro de alto), construida con las mismas lajas. Una cruz negra, y flores frescas. 

Tras nueve años de demora, una sentencia histórica que hizo justicia
Tras nueve años de demoras, finalmente se realizó el juicio por el caso que culminó en la condena histórica contra los responsables del crimen del líder indígena Javier Chocobar en Tucumán: un empresario y dos ex policías.
Amín fue condenado a 22 años por los delitos de "homicidio agravado" en el caso de Chocobar y de "tentativa de homicidio" en los casos de Emilio y Andrés Mamaní, otros dos miembros de la comunidad, quienes resultaron heridos en ese mismo episodio.
Los dos expolicías Luis Humberto Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi, fueron condenados a 18 años y 10 años de cárcel respectivamente, acusados de ser partícipes del delito de homicidio, tentativa de homicidio y portación de armas.
La organización ANDHES representó legalmente a la comunidad durante el proceso.
El tribunal de Tucumán fue integrado por los jueces Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Gustavo Romagnolli.
“La comunidad Los Chuschagasta y la familia de Javier Chocobar tuvieron que esperar más de nueve años de lucha incansable para que la justicia los escuche e investigue el homicidio de Javier. Es un momento histórico para ellos y para el movimiento indígena y de derechos humanos contra la impunidad por los crímenes contra los defensores de derechos humanos” señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El episodio que culminó con el homicidio de Javier Chocobar tiene como base la lucha por la reivindicación de los territorios ancestrales indígenas en el país.
Amnistía Internacional recuerda que es obligación del Estado argentino garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios que aún hoy enfrentan graves obstáculos en los reclamos por el reconocimiento de sus territorios y recursos naturales a lo largo de todo el país. 

Denuncia Internacional en 2016 
El ataque que culminó con el asesinato de Javier Chocobar y la grave lesión a la integridad personal de las otras víctimas no es un hecho aislado, sino la última manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las Comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección a pesar de todos los intentos de las Comunidades y sus defensores y defensoras. 
La impunidad en el caso del asesinato de Javier Chocobar emite un mensaje preocupante para el caso concreto y para los pueblos originarios a nivel nacional: no hay justicia para las comunidades indígenas. El avance en la causa por la responsabilidad de la muerte de Chocobar sentará un precedente importante que marcará un antes y un después en la lucha por la identidad y el territorio para los pueblos originarios de Tucumán. 
Es por ello que Amnistía Internacional y ANDHES decidieron presentar una denuncia ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, y ante la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias O Arbitrarias, Sra. Agnes Callamard, Relatora, de Naciones Unidas para que exhorte a Argentina a llevar adelante un juicio imparcial e independiente que determine la responsabilidad y condena de los autores por el asesinato de Javier Chocobar. 

La comunidad 
La comunidad: Una piedra larga, incrustada en la pared de un cerro, anuncia: “Comunidad Indígena Chuschagasta”. De 800 habitantes, 40.000 hectáreas pretendidas por empresarios de canteras y especuladores inmobiliarios. El camino desemboca en un riacho y una pared natural de lajas grises con tonalidades de rojo. Fue el escenario del crimen de Javier Chocobar (68 años), miembro de la comunidad, asesinado un día simbólico: 12 de octubre de 2009, cuando pretendía evitar la intromisión en territorio indígena.   

Territorio: situación frente a la Ley 26.160 
Los integrantes de la comunidad de Chuchagasta, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. 
El 28 de agosto de 2014, se le entregó a la comunidad la carpeta técnica que da cuenta de la finalización del relevamiento territorial de la Ley 26160 (al igual que a  otras trece comunidades de Tucumán). 
La comunidad, junto a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) trabaja ahora en un plan para la titulación de las tierras que las comunidades poseen ancestralmente y que  ya fueron relevadas
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