Comunidad Diaguita Chuschagasta
En 2009, el miembro del pueblo diaguita Javier Chocobar fue asesinado a tiros cuando se encontraba junto con otros comuneros defendiendo pacíficamente su territorio contra un terrateniente que aducía ser dueño del lugar. Aunque se presentaron cargos contra tres personas por su muerte, el juicio no tiene aún fecha de comienzo.
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Descripción del caso

Los primero días de octubre de 2009, el terrateniente Amín había intentado ingresar a la cantera de piedra laja que está en el territorio diaguita. La comunidad estaba alerta y hacía guardias para prohibirle la entrada. El 12 de octubre llegó a las 18.30 y lo acompañaban dos hombres, a los que la comunidad reconoció como ex agentes de policía. Se dirigieron directo a la cantera y preguntaron por el líder de la comunidad (el "cacique"), afirmando que eran los propietarios de las tierras y amenazando a los presentes (20 de los 300 miembros de Los Chuschagasta) a abandonar las tierras. 
Cuando los miembros de la comunidad se acercaron a pedir a los tres hombres que se fueran, éstos abrieron fuego: mataron a Javier Chocobar, de 68 años, e hirieron a otros tres hombres. Acto seguido montaron en un vehículo y se alejaron disparando por las ventanillas, con lo que hirieron a otro hombre. Los comuneros les tiraron piedras. “No fue enfrentamiento, como dijeron algunos medios. Vinieron a matar”, afirmó Néstor Chocobar (hermano de Javier). 
La comunidad señaló al empresario Darío Amín (que pretende explotar una cantera), como responsable de haber apretado el gatillo (varios testigos los señalan como el autor de los disparos). 
“Papá, abuelo, nunca te olvidaremos. Te recordaremos para siempre en nuestro corazón”. 
Es un escrito con pintura blanca en la pared de lajas de la comunidad. A dos metros, en el lugar preciso donde cayó Chocobar, una ermita (pequeña capilla, de un metro de alto), construida con las mismas lajas. Una cruz negra, y flores frescas. 

El juicio que nunca llega 
Los hechos relatados dieron origen a una causa penal, que ingresó en la Fiscalía VII, a cargo del fiscal Arnoldo Suasnábar y de la Jueza Emma Lidia De Nucci, a cargo del Juzgado de Instrucción de la II Nominación, por homicidio calificado, por el asesinato de Don Chocobar, y homicidio calificado en grado de tentativa, por Andrés y Emilio Mamaní. El fiscal interviniente, determinó que los imputados tuvieron una participación activa y premeditada al concurrir fuertemente armados y con total impunidad efectuando disparos. Sumado a que ninguno de los tres imputados poseía un permiso para portar armas de fuego, se los imputó también por el delito de portación ilegal de armas para los tres acusados. 
En Agosto de 2011 la jueza consideró que existían las pruebas suficientes contra los acusados y ordenó la elevación a juicio oral. Instancia que quedó firme en marzo de 2012. 
Recién en el mes de octubre de 2014 los acusados fueron citados a juicio y, desde entonces, se espera la fijación de fecha para el inicio del juicio oral. 
La organización Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) está a cargo de la causa por parte de la comunidad. “No puede dejarse de lado las implicaciones y el corporativismo con que actúa la Justicia, el poder económico y el gobierno provincial en este conflicto. No sólo se juzga a los asesinos de don Javier Chocobar, también se sentará un precedente importante que marcará un antes y un después para la lucha por la identidad y el territorio para los pueblos originarios de Tucumán”, explicaron. 
El retardo injustificado en la investigación y determinación de las responsabilidades por la muerte de Javier Chocobar viola el derecho de acceso a la justicia y reparación de la comunidad de Chuschagasta. La impunidad en estos casos transmite un mensaje de tolerancia del Estado respecto a la vida e integridad de los pueblos originarios. 

Denuncia Internacional en 2016 
El ataque que culminó con el asesinato de Javier Chocobar y la grave lesión a la integridad personal de las otras víctimas no es un hecho aislado, sino la última manifestación de un proceso que debe rastrearse en los intentos por despojar a las Comunidades de sus tierras ancestrales, frente a una actitud estatal que desconoce las obligaciones asumidas para su especial protección a pesar de todos los intentos de las Comunidades y sus defensores y defensoras. 
La impunidad en el caso del asesinato de Javier Chocobar emite un mensaje preocupante para el caso concreto y para los pueblos originarios a nivel nacional: no hay justicia para las comunidades indígenas. El avance en la causa por la responsabilidad de la muerte de Chocobar sentará un precedente importante que marcará un antes y un después en la lucha por la identidad y el territorio para los pueblos originarios de Tucumán. 
Es por ello que Amnistía Internacional y ANDHES decidieron presentar una denuncia ante la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, y ante la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias O Arbitrarias, Sra. Agnes Callamard, Relatora, de Naciones Unidas para que exhorte a Argentina a llevar adelante un juicio imparcial e independiente que determine la responsabilidad y condena de los autores por el asesinato de Javier Chocobar. 

La comunidad 
La comunidad: Una piedra larga, incrustada en la pared de un cerro, anuncia: “Comunidad Indígena Chuschagasta”. De 800 habitantes, 40.000 hectáreas pretendidas por empresarios de canteras y especuladores inmobiliarios. El camino desemboca en un riacho y una pared natural de lajas grises con tonalidades de rojo. Fue el escenario del crimen de Javier Chocobar (68 años), miembro de la comunidad, asesinado un día simbólico: 12 de octubre de 2009, cuando pretendía evitar la intromisión en territorio indígena.   

Territorio: situación frente a la Ley 26.160 
Los integrantes de la comunidad de Chuchagasta, que pertenecen al grupo indígena diaguita, persiguen el reconocimiento de sus tierras ancestrales y la aplicación afectiva de la Ley de Emergencia 26.160 de 2006, que prohíbe desalojar a la población indígena de sus tierras mientras se revisa y se registra la propiedad de las tierras de los pueblos indígenas en toda Argentina. 
El 28 de agosto de 2014, se le entregó a la comunidad la carpeta técnica que da cuenta de la finalización del relevamiento territorial de la Ley 26160 (al igual que a  otras trece comunidades de Tucumán). 
La comunidad, junto a la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) trabaja ahora en un plan para la titulación de las tierras que las comunidades poseen ancestralmente y que  ya fueron relevadas
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